Miles de agricultores de Castilla y León no pueden sembrar aún sus tierras porque los organismos públicos no han establecido las reglas que determinarán las producciones.
UPA-COAG urge al MAPA a cerrar cuanto antes las normas que regularán la campaña PAC 2024, para que a su vez la Administración autonómica pueda hacer lo propio. Por su parte, la Consejería debe resolver y comunicar con urgencia las solicitudes de ayudas agroambientales.
No es infrecuente que haya que levantar cultivos ya implantados, con los sobrecostes que ello conlleva, porque los cambios legales de última hora dan al traste con las previsiones de las explotaciones agrarias
Valladolid, 22 de diciembre de 2023.-Un año más, las personas titulares de las explotaciones agrarias de Castilla y León afrontan la nueva campaña no solo con la incertidumbre de cuál será la climatología a lo largo de la misma, o con el temor a la volatilidad de los precios que tendrán que soportar a cambio de sus insumos, o de los precios que recibirán por sus productos en el mercado. Además, como ya viene siendo una costumbre perversa, tendrán que lidiar con los posibles cambios normativos que fijen las normas de producción en materia de condicionalidad y requisitos para poder optar a la percepción de ayudas.
Aunque el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 23-27 estableció la estructura normativa básica con no pocos reales decretos, de cara a la campaña 2024 se avecinan nuevos cambios regulatorios. Cambios que, aunque acabaron su período de participación pública el pasado mes de septiembre, a fecha de hoy están aún pendientes de publicación en el BOE.
Esperemos que al menos algunos de ellos atiendan a las peticiones de la Alianza UPA-COAG, también incluidas en el documento de consenso presentado por Castilla y León al respecto, pidiendo que se flexibilicen para la actual campaña 2023/2024 la estricta normativa de este nuevo período de programación iniciado en la 2022/2023.
UPA-COAG considera que no es de recibo el hecho de que, habiendo comenzado la campaña agrícola el pasado 1 de septiembre, estemos prácticamente finalizando el año sin que se haya publicado el Real decreto que modificará a su vez los principales Reales Decretos reguladores de las ayudas y la condicionalidad, y que aún no se conozcan las nuevas reglas de juego: si afectarán a cuestiones importantes y en qué medida condicionarán el desempeño de los y las profesionales del campo.
Nuestra organización denuncia que esta tardanza en publicar las normativas reguladoras, que ya se ha convertido en costumbre, crea una enorme incertidumbre en el campo, porque resulta imposible realizar una adecuada programación de cultivos y prácticas, a la vez de los perjuicios que podrían derivarse para quien se haya arriesgado a sembrar. A este respecto, no es infrecuente que haya que levantar cultivos ya implantados, con los sobrecostes absurdos que ello conlleva, porque los cambios normativos de última hora dan al traste con el manejo de las explotaciones inicialmente previsto.
Pero no es solo la Administración estatal quien trae sumido al sector en el desconcierto. La Alianza UPA-COAG denuncia también el retraso que la Junta viene acumulando en la resolución de determinados expedientes, que si bien pueden estar dentro de los plazos administrativos de resolución, sin embargo dificultan, cuando no imposibilitan, conocer si la programación de siembras de la explotación es acertada o debe modificarse, para lo cual se precisa actuar con tiempo suficiente. Baste recordar que a fecha de hoy, aún no se han notificado las resoluciones sobre la incorporación a las ayudas quinquenales de agroambiente y clima.
UPA-COAG urge al MAPA a cerrar cuanto antes la normativa que va a regular la campaña PAC 2024, para que a su vez la Administración autonómica pueda hacer lo propio. La Alianza sostiene que no cabe ya más demora para que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se ponga al día con los expedientes PAC pendientes de resolver. Únicamente de esta manera los y las profesionales del campo podrán dejar de tener que ser adivinos de las intenciones de la Administración, para limitarse a ser simplemente agricultores y agricultoras.