Nuestra organización advierte que en todo el año 2023 han entrado a los mataderos de la región 135.810 corderos procedentes de Francia y Portugal.
La Alianza UPA-COAG recuerda que el sector profesional de ovino de carne de Castilla y León se desangra. Sin relevo generacional, cerrando explotaciones a un ritmo vertiginoso y con la necesidad de un urgente Plan de apoyo por parte del Gobierno autonómico.
Valladolid, 12 de abril de 2024.-La Alianza UPA-COAG califica como muy delicada la situación del sector ovino de carne en Castilla y León.
Siendo productores de lechazos de excelente calidad, sin embargo los ganaderos de nuestra región se ven `arrollados´ por la entrada masiva de corderos franceses, hundiendo los precios del distinguido lechazo autonómico amparado mayoritariamente bajo la IGP Lechazo de Castilla y León.
Según datos de nuestra organización, desde enero a diciembre del 2023 en los mataderos de nuestra comunidad autónoma han entrado 135.810 animales procedentes mayoritariamente de Francia pero también de Portugal. La consecuencia inmediata es que el ovino de los países vecinos llega con precios más bajos por su menor calidad e influye negativamente en las cotizaciones en origen de nuestros lechazos.
El perfil del ganadero de ovino de carne de nuestra región tiene una media de edad superior a los 55 años, y la situación tan delicada que sufre el sector provoca que no haya relevo generacional y que cada vez haya menos profesionales por lo que el mercado español cada vez se llena más de producto foráneo de menor calidad.
Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Castilla y León acapara el 32 % del total nacional de la carne de ovino con un valor aproximado a los 500 millones de euros. En producción cárnica de ovino, nuestra región es la primera en producción de lechazos, con la IGP Lechazo de Castilla y León como referente y con la raza churra, originaria de la Comunidad, como principal exponente. Los censos del Mapa registran 10.570 explotaciones de ovino en las nueve provincias (el 9,5% del total) y 2,4 millones de animales (el 16,3%).
Dicho esto, la Alianza UPA-COAG recuerda que la producción de carne de ovino ha bajado en torno a un 35 % en los últimos cinco años y se ha reducido más de un 50 % nuestra cabaña ganadera en los últimos diez años, y todo por la falta de rentabilidad.
Ante esta situación, nuestra organización reclama de las administraciones, en este caso de la Junta de Castilla y León que considere a este sector como prioritario, y para ello debe emprender distintas líneas de actuación. Entendemos que su apoyo es imprescindible para recuperar la viabilidad económica de las explotaciones de ovino y caprino, y evitar la desaparición de una producción que, a su importancia económica, añade su especial contribución a la cohesión del mundo rural y a la conservación del medio ambiente.
Ente las actuaciones que deberían ponerse en marcha está la elaboración y puesta en marcha con carácter urgente de un plan de reestructuración específico, favoreciendo la jubilación con niveles adecuados de compensación y concentrando los recursos en las explotaciones restantes.
También consideramos clave el establecimiento de planes de viabilidad para las explotaciones impulsando la diferenciación del producto autonómico del procedente de terceros países mediante etiquetados con mención al origen del animal y no solo del matadero. No puede ser que la importación masiva de corderos franceses que se sacrifican en mataderos de la región lleven cualquier tipo de sello autonómico. Y es que consideramos que estas importaciones perjudican mucho al lechazo de la Comunidad además de suponer en muchos casos un engaño para el consumidor.
Por otro lado, es prioritario un control efectivo de las importaciones de terceros países, posibilidad de escalonamiento de los contingentes de importación y medidas para evitar la competencia desleal de países terceros.
El sector de ovino y caprino de Castilla y León constituye una prioridad para la Alianza UPA-COAG por su enorme contribución a la sostenibilidad de los ecosistemas, al mantenimiento de la biodiversidad, así como al mantenimiento del tejido rural y territorial, especialmente en zonas desfavorecidas con escasas o nulas alternativas económicas, precisamente en línea con los principios generales a los que actualmente se orienta la PAC.