La pandemia y la crisis de las materias primas están creando una situación inédita en la historia de la agricultura: precios de insumos que se triplican en solo un año, precios de las producciones que bailan sin lógica. Y en medio de este tsunami la PAC mira para otro lado.
El anticipo electoral no afectará a la actividad en el campo, porque las principales estructuras administrativas continúan activas, tanto en Agricultura como en Medio Ambiente.
Valladolid, 22 de diciembre de 2021.El año que ahora termina será el año de la última reforma de la Política Agraria Común cuya cobertura temporal se extiende entre el 2023 y el 2027. Desde COAG se ha incidido mucho a lo largo de todo el ejercicio sobre el hecho de que no será este el conjunto normativo que ataje las necesidades de las pequeñas y medianas explotaciones. La nueva arquitectura verde, en un marco de desregulación de mercados y una mayor volatilidad de los precios, son una pesada losa para el modelo social y profesional agrario, aumentando los costes de producción y la consiguiente pérdida de rentas en el sector y agravando aún más la competencia desleal de terceros países.
Además, COAG denunció en su día que la nueva PAC nace muerta y que haría falta otra para no arruinar a agricultores y a consumidores como pronostican cuatro estudios internacionales. Informes de reputados organismos internacionales auguran que si se aplica esta PAC se generará una subida salvaje del precio de los alimentos a los consumidores, una reducción productiva de un 12 por ciento, una caída de los ingresos de los agricultores de un 16 por ciento, un desplome del PIB europeo de 61.000 millones y más de 22 millones de personas que pueden entrar en inseguridad alimentaria en Europa.
La pandemia y la crisis de las materias primas están creando una situación inédita en la historia de la agricultura: precios de insumos que se triplican en solo un año, precios de las producciones que bailan sin lógica. Y en medio de este tsunami la PAC mira para otro lado.
La Ley de la cadena alimentaria es considerada por el ministro de Agricultura un instrumento idóneo para crear valor, estímulo empresarial y rentabilidad y para que haya una posición de equilibrio entre los distintos eslabones. De hecho, Luis Planas destacó en su día el compromiso con el cumplimiento de la ley que expresaron unánimemente las organizaciones representativas de los distintos operadores de la cadena, productores, industriales y distribuidores. Esa sería la clave, pero los tiempos demuestran que la industria y la distribución no están por la labor. De hecho, los ganaderos lácteos, convocados por COAG y las asociaciones con representación nacional, han desplegado un calendario de protestas frente a las industrias al olvidarse estas de cumplir estos compromisos. Las organizaciones reafirman su apuesta por la unidad de acción con actos de protesta “contundentes, impactantes y útiles”.
También fue un clásico en el 2021, la lucha de COAG contra el Gobierno por condenar a la ganadería a su extinción al blindar al lobo. El Ejecutivo incumple su compromiso con las organizaciones profesionales agrarias e incluye al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Los ganaderos creen que esta del ejecutivo es una medida “irresponsable”, que causará dolor y pérdidas económicas en el medio rural y piden la dimisión de la ministra Teresa Ribera. Las OPAs exhortan a las Comunidades Autónomas con presencia de lobo a proteger a sus ganaderos y a sus animales. Y celebra movilizaciones en las zonas afectadas. COAG denuncia que el lobo está machacando todavía más a los ganaderos desde que Ribera prohibió su caza y exige un control urgente de los ejemplares conflictivos. COAG CYL reclama igualmente al MITECO que, en tanto no se reestablezca el consenso para aprobar la nueva Estrategia estatal, se anule la Orden por la que se incluyó al lobo en el LESPRE. Los ganaderos, al límite del hartazgo, se encuentran en una tremenda indefensión soportando cuantiosísimos daños que, según el lado del Duero en que se encuentren, ni siquiera podrán ser compensados.
Aurelio Pérez dejó la dirección de COAG CASTILLA Y LEÓN por motivos de salud a principios del verano, tras 17 años de lucha incansable por los intereses de los campesinos de Castilla y León. La IV Asamblea de COAG celebrada en Valladolid el 7 de octubre celebró el relevo y votó por unanimidad a Lorenzo Rivera, como nuevo responsable de la entidad. Por su parte, en COAG nacional el zamorano Miguel Blanco dejaba la Secretaría General de la organización tras dos legislaturas y tomaba el relevo Miguel Padilla. La ganadera también zamorana Ángeles Santos, fue nombrada miembro de la Comisión Ejecutiva Estatal. Aurelio Pérez recibiría después una mención de honor en los premios al campo que organiza el Norte de Castilla. Asimismo, COAG hubo de lamentar, con profundo pesar, la pérdida de uno de sus lideres más señeros, el histórico representante del sector remolachero Fernando García Vázquez que falleció repentinamente.
En la intensa actividad desarrollada por COAG CASTILLA Y LEÓN durante el año que ahora espira se enmarca la labor jurídica desarrollada por nuestra organización que obligó a Azucarera a pagar a los remolacheros de la Zona Norte 4,08 millones de euros que unilateralmente decidió no abonar la transformadora, vulnerando así el AMI. COAG hizo lo propio en 2019, con la Consejería de Agricultura, quien tuvo que revertir 9,5 millones de euros a los cultivadores de remolacha tras ganarle la OPA otro juicio ante el Tribunal Supremo.
En las previsiones productivas del presente año, COAG CASTILLA Y LEÓN pronosticó una buena campaña de trigo y colza, una cosecha menor de cebada y veza y unos rendimientos muy inferiores a 2020. Las abundantes lluvias adelantaron las siembras de cebada, que permitieron unos buenos primeros estadios. El trigo se comportó y se logró una gran cosecha, aunque no comparable a la del año anterior en rendimientos. La colza también disfrutó de un buen desarrollo.
Por último, Lorenzo Rivera, ha anunciado al conocerse la pretensión del presidente de la Junta Fernández Mañueco de adelantar elecciones a las cortes regionales, que en principio el sector agrario no se verá afectado porque las principales estructuras continúan activas, tanto al frente de Agricultura como de Medio Ambiente, que son los departamentos que entienden del campo. Otra cosa es que exista incertidumbre acerca de lo que ocurra después.