COAG siempre ha defendido que cualquier modificación normativa relacionada con densidades, bienestar animal o condiciones estructurales debe valorar su impacto real en las explotaciones
Madrid, 26 de noviembre de 2025.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) celebra la sentencia del Tribunal Supremo que anula las tablas aprobadas en 2023 para aumentar el espacio mínimo exigido por lechón destetado y cerdo de producción criado en grupo. La resolución judicial confirma de manera contundente las alegaciones presentadas por COAG y da la razón a los ganaderos de porcino, cuyo futuro económico se veía directamente amenazado por una normativa mal diseñada y sin respaldo técnico-económico suficiente.
El Alto Tribunal concluye que el Gobierno aprobó estas exigencias sin un informe de impacto económico mínimamente riguroso, incumpliendo de forma clara las obligaciones legales que garantizan que cualquier regulación con efectos productivos debe venir acompañada de una evaluación seria y transparente. En palabras del propio Supremo, el informe era de una “manifiesta insuficiencia”, hasta el punto de considerar su inexistencia como causa directa de nulidad del apartado anulado del Real Decreto 159/2023.
Tras esta sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, queremos advertir que el Real Decreto 809/2025 continúa en vigor sin sustento jurídico claro. El RD 809/2025 modificó el RD 159/2023, pero lo hizo sin incorporar la evaluación económica que la sentencia considera imprescindible. Esto genera incertidumbre normativa y mantiene obligaciones potenciales sin respaldo procedimental adecuado. Por ello, se solicita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que proceda a la derogación inmediata del RD 809/2025 o, en su defecto, a su revisión integral, acompañada de un informe de impacto económico transparente, completo y conforme a las exigencias legales.
Una victoria para los ganaderos y para la seguridad jurídica del sector
COAG siempre ha defendido que cualquier modificación normativa relacionada con densidades, bienestar animal o condiciones estructurales debe valorar su impacto real en las explotaciones: desde la reducción obligada de animales hasta las inversiones millonarias necesarias para ampliar naves. El Supremo coincide plenamente, recordando que estas medidas tienen una “innegable repercusión económica” y no pueden imponerse sin una evaluación rigurosa.
En este sentido, el responsable del sector porcino de COAG, Jaume Bernis, ha subrayado que “la sentencia nos da la razón: no se pueden aprobar normas que ponen en jaque la viabilidad de miles de explotaciones sin un análisis serio del impacto económico. No estamos en contra del bienestar animal, al contrario, somos los primeros interesados en garantizarlo, pero tiene que hacerse con sensatez, diálogo y rigor técnico. Hoy es un día importante para la dignidad del sector porcino español y para la defensa de la seguridad jurídica.” Además, Bernis ha añadido que “el fallo del Supremo desmonta la narrativa de que estas medidas no tenían coste o que eran neutras para la producción. El Alto Tribunal deja claro que cualquier disminución de densidad implica menos animales o inversiones obligadas. Es exactamente lo que COAG venía advirtiendo desde el primer minuto.”
Bienestar animal sí, pero con planificación y realismo
La sentencia aclara que la norma perseguía objetivos de bienestar animal, un aspecto que COAG comparte y defiende, pero rechaza que dichos objetivos puedan imponerse sin un análisis económico estructurado que garantice la adaptación realista de las explotaciones. Para COAG, este pronunciamiento marca un antes y un después en la elaboración de políticas ganaderas: no más regulaciones improvisadas que carguen sobre los ganaderos el peso de decisiones sin evaluación técnica ni económica.
Tras este fallo, COAG insta al Ministerio a abrir un proceso de diálogo profundo y real con el sector, para diseñar una regulación equilibrada, técnicamente fundamentada y económicamente viable, que permita avanzar en el bienestar animal sin comprometer la supervivencia de miles de explotaciones familiares. “Es momento de escuchar a los ganaderos, trabajar con datos y construir un marco regulatorio sólido. España no puede permitirse políticas que ponen en riesgo la producción, el empleo y la vida en el medio rural”, concluye Bernis.