La firma cierra la azucarera de La Bañeza (León); cesa la molturación de remolacha en la planta de Miranda de Ebro (Burgos) y presenta un ERE para 251 trabajadores
Para COAG, Azucarera fulminó los acuerdos interprofesionales para atender a sus propios intereses de espaldas a las organizaciones agrarias; fomentó un modelo de “cultivo compartido” con resultados nefastos desde el punto de vista agronómico e impuso una remuneración de la remolacha que atendía la variabilidad del precio internacional del azúcar solo cuando estaba bajo, para pagar menos al remolachero
COAG manifiesta su apoyo y solidaridad con los trabajadores afectados, pero recuerda que los agricultores serán también grandes damnificados por la pérdida de un cultivo estratégico para las rotaciones de regadío
Nuestra organización pide a empresa y administraciones un plan de reindustrialización ligado a la agroindustria para las zonas más afectadas: La Bañeza y Miranda de Ebro
Valladolid, 30 de mayo de 2025.-
El cierre de la Azucarera de La Bañeza (León) y el cese de la molturación de remolacha en la planta de Miranda de Ebro (Burgos) son “la crónica de una muerte anunciada”, idea compartida por muchos remolacheros y por la mayoría de las personas que siguen la actualidad del sector. La empresa, que es filial del grupo británico Associated British Foods (ABF), ha justificado estas medidas, así como el ERE que afectará a 251 trabajadores, al aumento de costes de producción, la bajada de precios del azúcar derivado de las exportaciones desde Ucrania por sus acuerdos preferenciales con la Unión Europea, y a la pérdida de superficie de siembra de remolacha.
Respecto a este último motivo, esta pérdida de superficie tiene un origen claro en los precios de ruina que este año ha ofertado Azucarera para la contratación de remolacha. Si a los cultivadores no les salen las cuentas, no van a cultivar.
Tradicionalmente el sector remolachero había fraguado un sistema propio de organización basado en Acuerdos Marcos Interprofesionales (AMI), en el convencimiento de que ambas partes, la producción de la materia prima y la industria que la transforma se necesitan mutuamente. Sin embargo, desde la llegada de ABF a la empresa comenzaron a poner en cuestión este sistema, hasta que se lo cargaron definitivamente. La inexistencia de una herramienta como el AMI ha imposibilitado que ante situaciones excepcionales como las que ahora confluyen se haya podido buscar alguna alternativa negociada con el sector para mantener la superficie de siembra.
Y todo ello a pesar de que gracias a las gestiones de las organizaciones agrarias ante las administraciones se consiguieron importantes recursos para el mantenimiento del cultivo. Así, queda en evidencia el poco valor que tiene que las grandes industrias consigan el parabién de la Administración cuando los apoyos institucionales (económicos y normativos) no llevan aparejados compromisos ineludibles por parte de la Industria, que justifiquen esos apoyos y que supongan una garantía de que los desembolsos económicos, a costa del bolsillo de todos, no van a saco roto.
En definitiva, Azucarera fulminó los acuerdos interprofesionales para hacer y deshacer lo que considerasen más oportuno para sus propios intereses sin la “molesta” participación y vigilancia de las organizaciones agrarias. Fomentó un modelo de “cultivo compartido” con resultados nefastos desde el punto de vista agronómico, e impuso un sistema de remuneración de la remolacha que tenía en cuenta la variabilidad del precio internacional del azúcar, pero solo cuando estaba en niveles bajos, para justificar la bajada del precio al remolachero.
COAG Castilla y León manifiesta su apoyo y solidaridad con los trabajadores afectados, y confía en que la negociación que mantengan con la empresa permita una salida digna para los que abandonen la actividad. Hay que hacer hincapié en que los agricultores serán también grandes damnificados por la pérdida de un cultivo estratégico para las rotaciones de regadío, que ahora ven limitadas sus alternativas de siembra.
Por otro lado, ahora mismo quedan en precario aquellos que solicitaron la ayuda agroambiental y se comprometieron por cinco años al mantenimiento del cultivo. El movimiento de Azucarera los lleva al cadalso, al menos a todos aquellos que no puedan encontrar acomodo en ACOR, o que viéndose obligados a entregar en Toro pierdan la opción de ser rentables por aumento de costes. Y todo supeditado a las condiciones que ponga Azucarera para aquellos a quienes solo ofrezca la posibilidad de entregar en Toro.
Por último, COAG pide a empresa y administraciones un plan de reindustrialización ligado a la agroindustria para las zonas más afectadas: La Bañeza y Miranda de Ebro, que junto con los puestos de trabajo asociados a ellas, permitan también el desarrollo de una agricultura que siga proporcionando riqueza y población al medio rural.