Cada año 1.550 ganaderos en régimen extensivo se ven obligados a echar el cierre

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Desde 2006, España ha perdido 21.946 explotaciones de vaca nodriza y 6.132 explotaciones de ovino de carne. Sin embargo, en vacuno en extensivo la media de animales por explotación ha aumentado un 32%. El futuro de la ganadería extensiva en manos de ganaderas y ganaderos familiares está en riesgo.

Durante el Foro de diálogo de la Ganadería Extensiva, convocado por el Ministerio de Agricultura durante el 16 y 17 de mayo en Toledo, COAG reclamará que se aborde la situación de falta de precios e ingresos, la sanidad animal, los mataderos y la comercialización, así como el relevo generacional y la incidencia del lobo y los animales salvajes.

Además, COAG rechazará la imposición del veterinario de explotación y del plan sanitario integral. “Es una medida que excede la normativa europea, que generaría más costes y burocracia para el ganadero sin aportar mejoras al cuidado, sanidad y bienestar de los animales”, ha subrayado Ángeles Santos, responsable de Ganadería Extensiva de la Ejecutiva de COAG.

 

Madrid, 14 de mayo de 2024.-La organización agraria COAG rechazará frontalmente la imposición del veterinario de explotación y del plan sanitario integral durante en el Foro de diálogo para la Ganadería Extensiva, convocado por el Ministerio de Agricultura durante los próximos 16 y 17 de mayo en Toledo. “Tal y como hemos mantenido durante todo el proceso de negociación con Planas, es una medida que excede la normativa europea y que generaría más costes y burocracia para el ganadero sin aportar mejoras al cuidado, sanidad y bienestar de los animales. Una prórroga de la entrada en vigor de la normativa que recoge estas obligaciones no es suficiente; exigimos su eliminación”, ha subrayado Ángeles Santos, responsable de Ganadería Extensiva de la Ejecutiva de COAG.

La delegación de esta organización en el Foro estará formada por la propia Ángeles Santos, el responsable del sector de vacuno de carne, Joaquín Gargallo, el responsable del sector ovino-caprino, Antonio Punzano, la secretaria general del Sindicato Lábrego Galego, Isabel Villalba, el Presidente de COAG Salamanca, José Manuel Cortés y la responsable técnica de Ganadería, Iria Costela. Los ganaderos y ganaderas de COAG denunciarán en las diferentes mesas de trabajo en las que participan la complicada situación en la que se encuentran las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas en extensivo por la falta de precios e ingresos, las problemáticas en torno a la gestión de la sanidad animal, los mataderos y la comercialización, así como los problemas de relevo generacional y la incidencia del lobo y los animales salvajes.

Cada año, 1.550 ganaderos/as en régimen extensivo se ven obligados a echar el cierre. Desde 2006, España ha perdido 21.946 explotaciones de vaca nodriza y 6.132 explotaciones de ovino de carne. Sin embargo, en vacuno en extensivo la media de animales por explotación ha aumentado un 32%. “Desde COAG vamos a reivindicar un modelo que incentive una “ganadería con ganaderos/as” para no dejar en manos de grandes empresas, macro-explotaciones y fondos de inversión el futuro de nuestra ganadería extensiva”.

Las políticas públicas y las estrategias comerciales de las grandes empresas empujan a la ganadería extensiva a un mayor dimensionamiento y una mayor burocratización. Esto dificulta la adaptación de las pequeñas y/o medianas explotaciones, de carácter mayoritariamente familiar, a las nuevas exigencias y sitúa a toda la ganadería extensiva en el punto de mira de los fondos de inversión. En relación a ello, los responsables de los sectores ganaderos de COAG reivindicarán las siguientes medidas en materia de rentabilidad, mercados y sanidad animal:

– Las particulares condiciones de los ganaderos y ganaderas de extensivo de nuestros territorios hacen que la rentabilidad de sus explotaciones se vea amenazada. En particular, la de aquellos que gestionan explotaciones pequeñas y/o medianas, de carácter mayoritariamente familiar. En este sentido, no se puede eludir la cuestión de la reducción de las ayudas de la PAC, que, a día de hoy, son un pilar imprescindible en garantizar la rentabilidad de este modelo de explotación.

– Rechazo a la imposición del Veterinario de explotación y al Plan Integral Sanitario.

– La sanidad animal debe ser compatible con la ganadería extensiva. Es necesario flexibilizar todo lo posible la normativa estatal sin incumplir las exigencias internacionales. También hay que valorar el riesgo de transmisión de determinadas enfermedades a la ganadería extensiva a través de la fauna silvestre y cinegética.

– Se deben recuperar las ayudas a las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS) como alternativa a los veterinarios de explotación.

– Debe facilitarse la venta de producto desde las ganaderías en régimen extensivo, y no sólo la venta de animales vivos: una mayor flexibilización de determinados requisitos para la producción y distribución de los productos procedentes de ganadería extensiva en circuitos cortos de comercialización ayudaría a mejorar la rentabilidad de las pequeñas y/o medianas explotaciones, de carácter mayoritariamente familiar. Además, se debe recuperar la red de mataderos públicos municipales y poner en marcha una red pública de mataderos móviles, de manera que se favorezca el acceso desde ganaderías de todo el Estado, ayudaría a reducir la dependencia de otros operadores y contribuiría a mejorar la propia comercialización de los productos procedentes de la ganadería extensiva en circuitos cortos.

– Las figuras de calidad (producción ecológica, DOPs o IGPs) por sí solas no son una solución para mejorar la rentabilidad de la ganadería extensiva. Muchos ganaderos/as se ven obligados a vender productos de alta calidad, amparados bajo estas figuras, a precios que no remuneran el esfuerzo invertido en su producción (por insertarse en una cadena de valor desigual que perjudica, sobre todo, a los pequeños y/o medianos ganaderos).

– Es importante que las Comunidades Autónomas y el resto del Estado (a través de AICA), cada una en el ámbito de sus competencias, hagan cumplir la ley de cadena alimentaria: se deben dedicar más recursos económicos y humanos para ello, aumentar las actuaciones de oficio para el control y sanción, y mejorar la coordinación efectiva entre dichas autoridades competentes.

– Solicitamos la suspensión de la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

– Rechazamos los acuerdos de libre comercio. Estos perjudican muy especialmente a la ganadería extensiva al favorecer la entrada en el mercado de productos de origen animal a unos precios que rompen el mercado y contribuyen a la destrucción de tejido productivo, caso del acuerdo UE con Mercosur que se está negociando o Nueva Zelanda, en el caso del cordero.

– Actualmente no existen políticas públicas que favorezcan el relevo generacional: no existen medidas de acceso y acompañamiento en el sector (programas de acogida, de rentabilidad, de formación, de acceso a la tierra y la protección del suelo agrario que impida el acaparamiento de tierras por fondos de inversión). Para garantizar el relevo generacional hay que garantizar las condiciones de vida en los pueblos (acceso a la vivienda, a la tierra, a la sanidad pública) y evitar el aterrizaje de grandes infraestructuras y fondos de inversión.

– Volver a las antiguas tablas de conversión de UGM de la PAC (enfoque territorial). Las actuales conversiones fomentan la intensificación en el sector. Por ejemplo, en ovino-caprino el valor de una cabeza (oveja / cabra) valía 0,15 y ahora se sitúa en 0,10. De esta manera, hay que incrementar un 33% la cabaña para mantener el mismo importe de ayuda PAC.