UPA-COAG pide a la AICA que investigue un posible incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria por parte de bodegas de la DO Toro

Viñedo

La Alianza UPA-COAG ha dirigido un escrito a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) en la que denuncia que, en la DO Toro, el precio que algunas bodegas ofertan por la uva en la presente campaña podría incumplir la Ley de cadena alimentaria, ya que no cubre los costes de producción.

Se ofertan precios hasta un 33 % inferiores a lo pagado el año pasado, dependiendo del tipo de uva, cuando los costes se han multiplicado en la presente campaña.


Valladolid, 11 de septiembre de 2023.-
La Alianza UPA-COAG ha dirigido un escrito a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) para denunciar el presunto incumplimiento que algunas bodegas de la Denominación de Origen Toro hacen de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, ya que, obviando el incuestionable incremento de los costes experimentado por los productores, les están ofertando precios muy inferiores a los de la pasada campaña, que dependiendo del tipo de uva, pueden suponer una bajada de hasta el 33 por ciento del precio percibido en 2022. Además, actuaciones similares pueden extenderse a otras zonas vitivinícolas de nuestra Comunidad.

A este respecto, recordamos que el artículo 9.c) de la citada Ley 12/2013 establece que: “El precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción, que incluirá todos los costes asumidos para desarrollar su actividad, entre otros, el coste de semillas y plantas de vivero, fertilizantes, fitosanitarios, pesticidas, combustibles y energía, maquinaria, reparaciones, costes de riego, alimentos para los animales, gastos veterinarios, amortizaciones, intereses de los préstamos y productos financieros, trabajos contratados y mano de obra asalariada o aportada por el propio productor o por miembros de su unidad familiar.”

Por su parte, justo ahora hace un año que la Universidad de Valladolid publicó un estudio sobre costes de producción de la uva en determinadas Denominaciones de Origen de nuestra Comunidad; según dicho estudio, se estiman unos costes totales que varían entre 3.900,23 euros/ha y 3.265,90 euros/ha.

La oferta de una gran bodega de la DO Toro para la presente campaña, que suele ser el referente para la fijación del precio de compra de la uva para el resto de las bodegas de la denominación, es de 0,20€ para la uva de las variedades “malvasía” y “garnacha” y de entre 0,37€ (grupos 3 y 4) y 0,43€ (grupo 2) para la “tinta de Toro”, ofreciendo 0,58€ (grupo 1) por la uva de esta variedad procedente de viñedos viejos. En la pasada campaña 2022, los precios fueron de 0,30 para malvasía y garnacha, y para la tinta de Toro 0,57 (grupo 2); 0,52 (grupo 3) y 0,72 (grupo 1).

Con los precios anteriores, estimando la producción máxima autorizada por el Consejo Regulador de 7.500 kg. para la tinta de Toro y de 9.000 kg. para el resto de las variedades, sólo las producciones de tinta de Toro de grupo 1 y las de grupo 2 procedente de explotaciones que estén en la banda baja de costes, superarían en ingresos a los gastos de producción. Todo ello sin contar con que dichos gastos se estimaron a precios de 2022 y que éstos han experimentado un notable encarecimiento desde entonces, fundamentalmente la partida relativa a personal, sin olvidar otros como energía, fertilizantes, tratamientos, etc.

Para UPA-COAG no existe causa objetiva, ni agronómica ni de mercado, que justifique esta bajada de precios, que solo puede atribuirse al afán especulativo de determinadas bodegas. Por ello pide a la AICA que actúe para poner fin a este tipo de prácticas, que pone en peligro una actividad productiva e industrial de máxima importancia para amplias comarcas de nuestra comunidad.

Igualmente, nuestra organización reclama de los empresarios bodegueros responsabilidad social y un serio compromiso con el futuro del sector productor, remunerando a precios justos la uva que compren para garantizar así la rentabilidad y, en consecuencia, la continuidad de las explotaciones vitícolas.