La Alianza considera urgente e imprescindible una coordinación de las Administraciones competentes en la gestión de la enfermedad, un protocolo de actuación frente a sus consecuencias y una línea de ayudas para los ganaderos con positivos en sus granjas que incluya tanto el manejo de los animales enfermos como la indemnización de los animales fallecidos.
Ante la pasividad de las Administraciones, los ganaderos temen que estén esperando una inmunidad de rebaño para no tener que implicarse en el problema, aunque ello supondría unos efectos irreversibles en las granjas, tanto económicos como sociales.
Un ganadero pierde entre 900 y 1.500 euros cuando fallece una vaca, otros 400 cuando se produce un aborto, otros 10 euros diarios, aproximadamente, por cada res debido al tratamiento sanitario. Y añadamos a todo ello las restricciones de mercado y los efectos a largo plazo que pueden tener los animales.
Valladolid, 21 de septiembre de 2023.-UPA-COAG exige a las Administraciones competentes en la gestión de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, que está asolando las explotaciones ganaderas de Castilla y León, que pongan en marcha con la máxima urgencia una coordinación efectiva entre todos los organismos implicados en la gestión de la enfermedad, un protocolo de actuación frente a la misma, como el manejo de animales con síntomas, los tratamientos veterinarios, las pertinentes medidas preventivas, etcétera, y una línea de ayudas que compense las pérdidas que ocasiona la desinsectación de instalaciones y de animales, los tratamientos para reses enfermas, la atención veterinaria y los cuidados especiales necesarios. Por último, es absolutamente imprescindible que se establezca una indemnización por los animales fallecidos.
La Alianza denuncia que los ganaderos estén afrontando la crisis en la más absoluta orfandad por parte de los organismos competentes y sumidos en un profundo silencio administrativo. Los responsables por frenar este tipo de crisis: el ministro de Agricultura, el presidente de la Junta y el consejero de Agricultura, principalmente, han decido enzarzarse en una pelea política disparatada que, lejos de ayudar a los ganaderos, los está hundiendo más en la confusión y en la ruina.
La desidia que manifiestan estos cargos incita a los ganaderos a pensar que estén esperando a una inmunidad de rebaño para no tener que implicarse en el problema, en tanto que la enfermedad no es transmisible al ser humano, tampoco tras la ingesta de los productos cárnicos. Si así fuera y los profesionales tuvieran que afrontar la crisis sin ayudas, los efectos, tanto económicos como sociales, serían irreversibles en las granjas.
La EHE se ha cebado especialmente con Castilla y León, sobre todo, con provincias como Salamanca, o Zamora. La última actualización del Ministerio de Agricultura, con datos del Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, laboratorio nacional de referencia para esta enfermedad, comunicado el 20 de septiembre, muestra que nuestra región mostraba casi 40 focos centrados principalmente en las provincias mencionadas además de Ávila, Segovia y, en menor medida, en Valladolid y Burgos. Pero cada uno de estos focos afecta a un área sanitaria de 150 kilómetros a la redonda, quiere esto decir, que dentro de un mismo foco puede haber decenas de granjas afectadas. De hecho, desde finales de agosto, el número de vacas muertas en Castilla y León ha subido un 25 por ciento con respecto al año anterior. O sea, en ese periodo han fallecido 1.700 reses más que en el mismo periodo de 2022. Solo en Salamanca, provincia con el mayor censo bovino de España, han fallecido 1.162 vacas más. La diferencia entre uno y otro periodo comparado es, precisamente, la EHE.
Un caso paradigmático es el de Zamora. Los últimos datos de la Consejería elevan a 3.150 el número de reses con sintomatología, lo que supone un crecimiento de más de 1.000 animales en una sola semana. Las explotaciones con EHE suman ya 222 y el número de vacas muertas alcanza las 235. Por extrapolación de estos datos, a falta de cifras concretas de la provincia de Salamanca, donde la enfermedad se está cebando con igual o mayor virulencia que en Zamora, podemos hacernos idea de la magnitud del problema.
De momento, los ganaderos afectados tienen que enfrentarse cada mañana con la macabra realidad de ver a las vacas que ha picado el mosquito Culicoide perdiendo peso, caminado como si estuvieran borrachas, presentando edemas faciales, descamaciones, salivaciones, eritemas o abortando. Y lo peor de todo: un 5 por ciento, aproximadamente, de los animales afectados fallece. Y no hay ayudas para todo ello. Podría haberlas, si los fallecimientos se incluyeran dentro de las indemnizaciones que contemplan los planes de saneamiento. Pero quienes tienen que tomar esa sencilla decisión, están a otras cosas.
A día de hoy, y sin ningún tipo de compensación, un ganadero pierde entre 900 y 1.500 euros cuando fallece una vaca; otros 400 euros cuando se produce un aborto; otros 10 euros diarios, aproximadamente, por cada res debido al tratamiento sanitario de prevención de la EHE. Y añadamos a todo este panorama las restricciones de mercado y, sobre todo, los efectos a largo plazo que pueden tener los animales y, lo más preocupante, sobre las parideras.