También solicita actuar sobre la carga impositiva de la electricidad y el gasóleo agrícola para minorar el coste en las instalaciones ganaderas y de regadío.
La Alianza UPA-COAG reclama al nuevo consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, que trabaje en un marco legislativo para implantar un Observatorio de Costes de Producción en Castilla y León que sirva de referencia y ayude al cumplimiento de la actual Ley de la Cadena Alimentaria, para que agricultores y ganaderos perciban precios justos.
Valladolid, 13 de abril de 2022. La Alianza UPA-COAG ha reclamado hoy a la nueva Junta de Castilla y León la creación de un fondo extraordinario dotado con 50 millones de euros destinado a ayudas directas para paliar la situación desesperante y agónica que atraviesa el sector ante el incremento desorbitado de los costes de producción y la energía, situación que se arrastra desde mediados de 2021 y que se ha visto agravada por la guerra en Ucrania. Esta petición se enmarca en el contexto del plan anticrisis que anunció Alfonso Fernández Mañueco durante su discurso de investidura.
Además, la Alianza UPA-COAG reclama al futuro consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, que acometa con urgencia el desarrollo de instrumentos que hagan posible la aplicación real de la Ley de la Cadena Alimentaria. Para ello, desde COAG y UPA proponen la creación del Observatorio de Costes de Producción en Castilla y León, que sirva de referencia para poder defender al sector. Esta propuesta, que han presentado Lorenzo Rivera, coordinador general de COAG CyL, y Aurelio González, secretario general de UPA CyL, es la mejor herramienta que tienen los agricultores y ganaderos para defender el precio de sus productos frente a la industria.
COAG y UPA confían en que el nuevo gobierno regional que configure Fernández Mañueco, y en particular las personas titulares de las Consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente, mantengan el alto nivel de diálogo e interlocución con las organizaciones agrarias que se ha mantenido en anteriores legislaturas. Una buena muestra de esta disponibilidad sería el desarrollo reglamentario de la figura de “entidad colaboradora” de la Consejería de Agricultura, que está recogida en la Ley Agraria de Castilla y León, dando cobertura legal y de recursos al ingente trabajo que las OPAs desarrollamos al servicio del sector, descargando en buena medida a la Administración de prestar ella misma tales servicios. Los dirigentes sindicales han manifestado que dejarán los cien días de cortesía para que el nuevo equipo se establezca y tome sus primeras decisiones. Asimismo, Lorenzo Rivera ha declarado que esperan desde la Alianza que el nuevo consejero de Agricultura sea “receptivo y esté a la altura de las circunstancias a las que se enfrenta el sector” y ha mostrado su total disponibilidad para el diálogo, el trabajo y la colaboración que sean necesarios. Eso sí, “este ofrecimiento no irá en ningún caso en menoscabo de la presión que tengamos que hacer, cuando así sea necesario, en defensa del modelo social y profesional de los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad” han remarcado.
Desde la Alianza UPA-COAG se ha reclamado que las ayudas que fije la Comunidad complementen las acordadas por el Ministerio de Agricultura, y que sirvan para atender la situación de las explotaciones asociativas ganaderas y sectores como el cunícola, el porcino o la agricultura de regadío. Lorenzo Rivera ha justificado la petición de 50 millones de euros en ayudas directas en que son aproximadamente el 12 % del fondo extraordinario de 400 millones comprometido por Mañueco para superar la crisis, y ese es el porcentaje que aporta el sector agroalimentario al 12% del PIB regional. En cualquier caso, Rivera ha dejado claro que estas ayudas tendrían como destinatarios a los agricultores y ganaderos a título principal, “que son aquellos que cotizan en la seguridad social agraria y viven exclusivamente de sus explotaciones”.
Aurelio González, secretario general de UPA, expuso otras de las peticiones de la organización, como el desarrollo de una normativa de protección del suelo agrícola ante “la avalancha de solicitudes para la instalación de plantas fotovoltaicas de forma descontrolada”. En relación con todo lo anterior, pidió que la Junta complemente o modifique la ley de montes y que desarrolle una normativa para la protección del suelo agrícola, sobre todo en suelos de regadío, “porque en estos últimos 30 años hay un millón de hectáreas más declaradas como monte bajo, que son las menos productivas, donde pueden instalan placas fotovoltaicas sin destruir suelos agrícolas”, manifestó González.
Además, en consonancia con el paquete de medidas que ha propuesto el Ministerio, desde la Alianza han pedido a la consejería de Agricultura que potencie los seguros agrarios, complementando con fondos propios los 11 millones de euros que va a dotar a mayores el Ministerio. Asimismo, piden a la Junta de Castilla y León la elaboración de una normativa oficial de protección de las explotaciones ganaderas de cualquier tipo. “Tenemos que acabar con ese debate, en ocasiones manipulado, con el tema de macrogranjas. Que se regule de una forma clara y se proteja cualquier explotación, sea extensiva, semiextensiva, semiintensiva o intensiva, siempre que no superen determinados límites. Nosotros estamos totalmente en contra de las macrogranjas”, señaló González.
Asimismo, la Alianza solicita a la consejería de Medio Ambiente una gestión de la fauna salvaje de forma efectiva, competencias que tiene la Junta de Castilla y León. Para ello, solicitan una regulación normativa para el pago de los daños del lobo en la zona norte del Duero. Continuar con el trabajo para sacar al lobo del LESPRE y un control poblacional de la fauna salvaje son otras prioridades. A este respecto, la Alianza expuso la problemática que sufren diferentes zonas de la geografía castellano y leonesa con la plaga de conejos, la plaga de jabalíes y con los corzos y ciervos, que suponen 27 accidentes diarios, “que exponen a un peligro a la ciudadanía”, además de ser un problema para las explotaciones “por comerse las semillas y cultivos de las tierras”.
Para terminar la enumeración, solicitan a la Junta de Castilla y León la garantía de servicios públicos de sanidad, educación y atención social y una banda ancha de calidad en todas las zonas de la Comunidad, propuesta que ha expuesto Mañueco en su investidura.