- UPA-COAG denuncia que la UE muestra una política verde de escaparate porque mientras exige a los agricultores comunitarios estrictas y sumarísimas medidas medioambientales, acuerda con países terceros la adquisición de productos sin ningún control ambiental.
- El exceso de burocracia y de condiciones para el desarrollo de la actividad agraria que imponen las normas medioambientales es hoy uno de los mayores problemas de las pequeñas y medianas explotaciones. Los continuos ataques a la agricultura de los sectores animalistas son mejor acogidos por los responsables de las instituciones que las necesidades reales de los profesionales que producen los alimentos. Ya se legisla más pensando en los pequeños grupos del ecologismo radical. Estos mensajes están dibujando un panorama “apocalíptico” de nuestro sector, que aleja a los jóvenes del imprescindible relevo generacional.
Valladolid 07 de julio de 2023.-La Alianza UPA-COAG pide a los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea una revisión profunda de los requisitos medioambientales exigidos a los agricultores y a los ganaderos, para que no sean imposibles de compaginar con el derecho a una renta digna de los campesinos.
La Alianza UPA-COAG quiere hacer llegar esta y otras reivindicaciones, relativas a medidas que están lastrando el ejercicio de la profesión agropecuaria, al Consejo de ministros de Medio Ambiente de los 27 estados miembros de la Unión Europea, que se celebra en Valladolid entre los días 10 y 12 de julio. Porque la hoja de ruta con la que la Unión Europea quiere situarse a la cabeza de la sostenibilidad mundial pasa por muchas cuestiones agrarias que traen de cabeza a los agricultores y ganaderos a la hora de desarrollar su actividad.
- Junto con los problemas de los precios y de los costes, el exceso de burocracia y de condiciones para el desarrollo de la actividad agraria, impuestos por las normas medioambientales es hoy uno de los mayores problemas de las pequeñas explotaciones.
- Los continuos ataques que desde determinados ámbitos del animalismo, el veganismo y el ecologismo radical se lanzan contra la ganadería o el regadío impregnan de tal manera a los responsables de las instituciones, que ya legislan más pensando en estos pequeños colectivos que en los profesionales que producen los alimentos para toda la sociedad. Estos mensajes contribuyen a dibujar un panorama “apocalíptico” de nuestro sector, que denigra la imagen de agricultores y ganaderos y aleja a los jóvenes del imprescindible relevo generacional.
- Los ministros de medio ambiente tienen que poner orden y sentido común en la gestión de la fauna silvestre. No pueden primar los posicionamientos ideológicos por encima de la realidad de los territorios. Frente a quienes hablan de especies en peligro, la realidad muestra que hay superpoblación de animales salvajes como jabalíes, cérvidos y lobos, entre otros. Estas poblaciones deben ser gestionadas y controladas, porque de lo contrario acabarán con los sembrados y la cabaña ganadera.
La expansión experimentada por el lobo desde que fuera prohibida su caza está amenazando seriamente la continuidad de la ganadería extensiva, por lo que es necesario recuperar el status que la especie tenía antes del 21 de septiembre de 2021. Por su parte, además de los daños en los cultivos, jabalís y cérvidos son transmisores de enfermedades a la cabaña ganadera y causantes de miles de accidentes de tráfico por irrupción en la calzada. Su control poblacional es una cuestión que trasciende los meros daños agrarios y constituye una prioridad de sanidad animal y una emergencia para la seguridad vial.
- Desde la aprobación del Pacto Verde europeo y la Estrategia “De la granja a la mesa” se han ido exigiendo requisitos y limitaciones a la actividad agraria tremendamente difíciles de aplicar en nuestro campo pues se han diseñado desde la visión que del problema medioambiental tienen los países del centro y el norte de Europa, desconociendo completamente la realidad de los países del sur. Además, esta situación puede verse muy agravada si finalmente se aprueba la Ley de restauración de la naturaleza, que actualmente se negocia en el Parlamento europeo.
- Para España y para Castilla y León el problema del agua es crucial. Del agua depende nuestra actividad, y el sustento de la sociedad. Cada vez nos falta más en la época en la que más la necesitamos, por lo que es imprescindible una buena gestión del recurso. Esta gestión incluye muchos aspectos, que nos atañen a todos. Pero es a las administraciones a las que debemos exigir planes y recursos para la creación y modernización de las infraestructuras necesarias: de regulación, de embalses, de intercomunicación de cuencas, de regeneración, de desalación y de redes de distribución.
- Los criterios de la actual PAC, que han multiplicado las exigencias medioambientales a los productores mientras ha recortado el presupuesto y los recursos, choca estrepitosamente con la hipocresía de la UE que quiere una agricultura “limpia” dentro de sus fronteras pero que, gracias a los acuerdos de libre comercio con terceros países, permite que se vendan aquí productos carentes de las mismas garantías que a nosotros nos exigen. Esta situación no envía las señales adecuadas de que se busca una transición verde real, sino una política verde de escaparate, dado que los agricultores y ganaderos no reciben el apoyo necesario para poder adaptarse.
En definitiva, el condicionamiento de la política agraria que se viene forzando por los responsables de las políticas ambientales puede traer consecuencias contraproducentes para el medio ambiente de la UE porque puede acelerar la pérdida de explotaciones agrarias. De nada servirán las grandes declaraciones si no van acompañadas de un giro de 180 grados en las políticas comerciales y de regulación de mercados de la UE para evitar la competencia desleal de las importaciones y garantizar una estabilidad de precios e ingresos para nuestros productores. Sin sostenibilidad económica de las pequeñas y medianas explotaciones no habrá sostenibilidad ambiental.