La Junta Agropecuaria Local, que ha presentado la demanda, es respaldada por el TSJ de Castilla y León quien le da la razón en que es a los vecinos a quien les corresponde el aprovechamiento de los bienes vecinales
COAG acaba de presentar, junto a las demás organizaciones agrarias de Castilla y León, UPA y ASAJA, un documento dirigido a todas las administraciones competentes dónde se pide que no permitan la instalación de parques de energía fotovoltaica en superficies agrarias
Valladolid, 11 de mayo de 2022. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha asestado un duro golpe al Ayuntamiento de Paredes de Nava (Palencia) partidario de que en su término municipal se erigiera un megaparque solar sobre 460 hectáreas, al declarar nula la modificación de la ordenanza municipal realizada por el propio consistorio que abría las puertas al proyecto energético. La sentencia anula además la Orden de la Consejería de Presidencia por la que autorizaba al Ayuntamiento a acotar los bienes comunales en los que se pretendían asentar las placas solares. La Junta Agropecuaria Local, que ha presentado la demanda, y ahora el propio Tribunal, consideran, y así se hace constar en el fallo de 5 de mayo de 2022, que “al municipio le corresponde la gestión de los bienes vecinales… pero es a los vecinos a quien le corresponde su aprovechamiento, que puede configurarse como un derecho real administrativo de goce”.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es recurrible, pero el recurso se debería ver ya en el Tribunal Supremo, y según fuentes jurídicas, la viabilidad de que prosperara es baja al ser en casación. Además, de recurrir el Ayuntamiento tendría que hacerlo con fondos municipales y muchos vecinos no están de acuerdo en que se destine a este fin el presupuesto municipal.
La sentencia defiende que “en el trasfondo de la controversia planteada se encuentra el cuestionamiento del modelo de vida de los pueblos que han vivido de la agricultura disfrutando de estos bienes comunales”. Y en este sentido está de acuerdo con la Junta Agropecuaria Local demandante, y con las organizaciones agrarias de Castilla y León.
Éstas, produjeron un documento que fue presentado a todas las administraciones competentes el pasado 27 de abril, en la que denuncian que “intereses económicos, en muchos casos ajenos a nuestra comunidad autónoma, prevalezcan sobre la soberanía alimentaria y busquen en terrenos agrícolas y ganaderos la superficie ideal, según sus intereses, para instalar placas fotovoltaicas o los destrocen atravesándolos con las líneas de evacuación”. Para COAG es muy alentador el párrafo de la sentencia del TSJ que dice textualmente: “Es al legislador al que corresponde definir el modelo territorial y buscar la armonización entre los intereses de los que explotan agrícolamente las tierras y viven de ello y los proyectos de energías renovables, sin que los derechos de aquellos resulten atropellados por el mayor rendimiento económico de éstos”.
COAG, firmante del aludido documento, reprocha que muchos ayuntamientos de Castilla y León, al rebufo de las altas tasas que pueden pagar las empresas inversoras en energías renovables, estén colocando una alfombra roja a estas firmas para que se implanten en sus municipios, a los cuales “afecta a su subsistencia y permanencia en el territorio”, como aduce el propio Tribunal Superior de Justicia.