La subida del precio de los carburantes remata al sector apícola de la región
La apicultura venía ya lastrada por los incendios de este verano y por las crisis climáticas
León / Valladolid, 21 de marzo de 2026
Desde el sector apícola profesional de COAG Castilla y León queremos manifestar el profundo malestar provocado por la aprobación del Real Decreto ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se establece el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Los apicultores profesionales no podemos quedar fuera de las medidas específicas para el sector agrario contempladas en esta normativa, ya que ejercemos una actividad ganadera esencial.
Labor fundamental
Desde el sector se considera esta exclusión como una medida injusta y discriminatoria, ya que los apicultores profesionales están reconocidos como ganaderos a título principal y desempeñan una labor fundamental tanto en la producción alimentaria como en la conservación del medio ambiente a través de la polinización.
Uno de los principales motivos de preocupación es que, aunque la apicultura no dispone de acceso al gasóleo bonificado en las mismas condiciones que otros sectores agrarios, sí conlleva un elevado consumo de gasóleo en su actividad diaria. El manejo de colmenas, el movimiento de estas, el transporte de material y las tareas de mantenimiento requieren un uso constante de vehículos y maquinaria, lo que supone un importante coste que se ve directamente afectado por la actual situación internacional.
Revisión urgente
El sector denuncia que esta omisión evidencia un desconocimiento de la realidad productiva de la apicultura profesional y reclama una revisión urgente de las medidas aprobadas para garantizar un trato equitativo. No es comprensible que se deje a los ganaderos a título principal fuera de unas ayudas diseñadas precisamente para paliar el impacto de una crisis que también nos afecta de forma directa”, señalan representantes del colectivo.
Corregir la situación
Por todo ello, los apicultores profesionales solicitan al Gobierno la inclusión inmediata del sector en el paquete de ayudas, así como el reconocimiento efectivo de sus necesidades específicas dentro de las políticas agrarias y energéticas.
Finalmente, el sector hace un llamamiento a las administraciones para abrir un diálogo constructivo que permita corregir esta situación y evitar un mayor perjuicio a una actividad estratégica para el medio rural y la biodiversidad.