Impuesto al azúcar: verdades y mentiras | post

Impuesto al azúcar: verdades y mentiras

Aurelio Pérez, coordinador de COAG CASTILLA Y LEÓN escribió esta tribuna en El Diario de Valladolid-El Mundo de Castilla y León, publicada el pasado 22 de noviembre, para poner luz al debate sobre el azúcar suscitado tras la intención del Gobierno central de subir el impuesto a las bebidas azucaradas.

23 11 2020

Lo primero es recordar que el azúcar es un alimento sano y debe ser considerado como tal. Ni es malo, «ni mata» más que cualquier otro. Lo  perjudicial es no realizar un consumo moderado y equilibrado y abusar de él. No el producto en sí mismo. Desde este punto de vista, es preocupante que el Ministerio de Consumo haya lanzado una campaña en contra del azúcar y, también lo es, que la Junta de Castilla y León apoye esta iniciativa a través de la Consejería de Sanidad.

El azúcar no es la única causa de la obesidad y no se puede culpar al producto del problema porque hay múltiples motivos que lo producen, como sobrellevar una dieta desequilibrada y no realizar ejercicio. Las posibles soluciones deben contemplar el problema en su conjunto. Por eso desde COAG rechazamos rotundamente la campaña y pedimos su retirada.

Para COAG Castilla y León el verdadero problema que afecta al sector remolachero hay que buscarlo en las decisiones políticas que se tomaron en 2006 con la reforma de la Organización del Mercado del Azúcar (OCM), que concentró la producción de azúcar de remolacha en el centro y norte de Europa y condenó las producciones en el sur. Fruto de aquellas decisiones —cuyos principales beneficiarios fueron y siguen siendo las grandes empresas vinculadas a la producción de refrescos y aperitivos— España perdió un 50% de su capacidad productiva y se incrementó aún más su déficit de producción respecto a su consumo interno.

Otro problema añadido que provoca el retroceso año a año de la superficie sembrada es la continuada política de la multinacional británica ABF en contra de los productores. Romper unilateralmente el AMI (Acuerdo Marco Interprofesional) para reducir el precio a pagar y no querer negociar un nuevo acuerdo son hechos que desde COAG hemos denunciado en reiteradas ocasiones. Ahora estamos viendo muy claramente sus consecuencias.

Por otra parte, tenemos que poner en valor el esfuerzo que realiza la cooperativa ACOR para sujetar un poco el sector con su compromiso a pagar remuneraciones a los productores hasta 2027. Sin su apoyo el desmantelamiento de la producción de remolacha en Castilla y León sería aún más estrepitoso.

Por todo lo dicho, la subida del IVA a determinados productos que contienen azúcar añadido es una raya en un tigre que tendrá un efecto muy limitado por varias cuestiones. En primer lugar, nosotros no vendemos azúcar, sino remolacha. Por eso, la subida del impuesto podría encarecer los procesos industriales de los utilizadores del azúcar. Pero el coste del azúcar es una parte que representa tan solo un 5% del coste total de sus productos. Por ello, estos productores tienen un amplísimo margen de beneficio como para subsumir ese incremento sin encarecer el producto al consumidor final.  No olvidemos que estos usuarios se benefician de la reforma de la OCM ya que compran azúcar más barato y, en su mayor parte, de refino e importado de terceros países.

En segundo lugar, según indica el informe publicado recientemente por industrias y distribución alimentaria, la posible subida del precio «no cambia los hábitos del consumidor». En otras palabras, la gente seguirá consumiendo refrescos y aperitivos aunque les suban unos céntimos.

La tercera razón es que nosotros no producimos menos remolacha porque cambien la fiscalidad del azúcar, sino por el bajo precio de la raíz que paga la multinacional azucarera. En ese sentido, no hay que olvidar que más del 60% del azúcar que se consume en España procede de importaciones.

Bajo estas condiciones, COAG Castilla y León rechaza por injusta la campaña de criminalización del azúcar emprendida por el Ministerio de Consumo, del mismo modo que reprobamos igualmente que dicha campaña sea apoyada por la propia Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Sanidad. Sin embargo, somos bastante escépticos de que la subida del IVA vaya a provocar el declive del sector. El declive del sector es una realidad, pero tiene otras causas mucho más antiguas.

Por último, los remolacheros no queremos ser carne de cañón en una guerra cuya primera línea de combate corresponde defender a otros, que son precisamente los que tradicionalmente se han aprovechado del bajo precio al que nos compran la remolacha. Tampoco queremos ser utilizados para abanderar batallitas partidistas entre el gobierno central y el autonómico.

COAG considera sinceramente que con una política que favoreciera la producción local a precios remuneradores para los remolacheros, el sector seguiría siendo un puntal estratégico de nuestros regadíos. Y en eso, tanto unos como otros son, si no culpables, al menos cómplices.