La solicitud la han plasmado en una carta dirigida a los diputados del Congreso, que firman las organizaciones agrarias Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), junto a Cooperativas Agro-alimentarias, la Asociación de Empresas de Supermercados (ASEDAS) que incluye a firmas como Mercadona, Dia, Coviran, Alimerka o Ahorramas entre otras, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la asociación que engloba a la mayor parte de los fabricantes de marcas líderes de alimentación, Promarca.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el proceso de consulta pública de una propuesta de modificación de la normativa que regula el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE) para adaptarla a las flexibilidades que permite la Comisión Europea para paliar los efectos de la Covid-19 en este sector. Este programa distribuye más de 202 millones de euros anuales entre viticultores, bodegas y otros operadores vitivinícolas en España.
23 de septiembre de 2021
El consejero de Agricultura y Ganadería, Jesús Julio Carnero, ha calificado de “día triste para la ganadería” la publicación en el BOE de la orden que prohíbe la caza del lobo ibérico en toda España al tiempo que considera una “sinrazón” una protección del lobo “tan desequilibrada” porque no contribuye a lucha contra el reto de la despoblación.
COAG: persona “non grata”
Con la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), acción que prohíbe su caza, una vez más, afirman desde COAG, la fracción morada el Gobierno, se ha salido con la suya. Una minoría de animalistas celebra la decisión, muy conveniente para activar su electorado, aun sabiendo del perjuicio que esta decisión causará a los ganaderos, al medio rural y, muy posiblemente, también al propio lobo.
Por todo ello, COAG CASTILLA Y LEÓN va a presentar a los grupos parlamentarios que conforman las Cortes de Castilla y León una propuesta para que la ministra Teresa Ribera sea declarada persona “Non Grata”.
